Tras conocerse las primeras sentencias de los Tribunales por las denuncias presentadas en torno a la aplicación de la RPT y que éstas han sido favorables a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, desde Villarrobledo en Acción señalan que queda claro que el PP “no tenía razón” y que no se puede alterar la antigüedad de los trabajadores del Ayuntamiento con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Insiste Rubén Nieves en que se trata de una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras que han denunciado al Ayuntamiento, que en total son 180 a los que según Rubén Nieves, se les ha “atacado” en sus retribuciones, recibiendo ahora por sentencia las cantidades descontadas además de intereses de demora.
Unas cantidades que Nieves señala que se pagarán con el presupuesto del Ayuntamiento que es dice “dinero de todos”, incidiendo en lo que considera la “inoperancia” del Equipo de Gobierno y recordando que Villarrobledo en Acción votó en contra de esta RPT junto a los sindicatos.
Por su parte, Mario de la Ossa señala que la RPT es un documento que regula los puestos de trabajo en el ayuntamiento, con las funciones a realizar y las retribuciones por ello. Un documento que, además, es obligatorio por ley, señalando que la controversia surgida en relación a este asunto a lo largo de los años, demuestra “la poca capacidad de negociación colectiva” de este gobierno del PP y también del anterior del PSOE.
En este punto, de la Ossa agradece la labor de los sindicatos en relación a la aplicación de la RPT, informando y acompañando a los trabajadores en este proceso.
Añade que el PP en su legislatura de 2011 “ya intentó cuadrar las cuentas, despidiendo a los trabajadores”, algunos de ellos, atacados de nuevo por las políticas del PP.
Con todo esto, entienden que el Grupo Socialista pidiera la dimisión de la concejala de personal Ana Hernán, aunque desde Villarrobledo en Acción piden la dimisión de la concejala de Hacienda Amalia Gutiérrez a la que responsabilizan de toda esta situación.
De la Ossa apunta que es Gutiérrez la que ejerce como “alcaldesa ilegítima”, gobernando con “puño de hierro aplicando políticas del “puñetazo en la mesa” por lo que a esta petición de dimisión suman la del Alcalde, Valentín Bueno, por permitirlo.
Ambos, dice de la Ossa, no solo están complicando la vida a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento sino que también a los vecinos y vecinas que deberán pagar las indemnizaciones y los costes de estos 180 juicios.
Piden por último, que el Gobierno Municipal, no recurra las sentencias ya que presumiblemente todas llegarán en la misma línea que las primeras y los recursos afirman que supondrán alargar más