La Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la modificación del Estatuto de las personas consumidoras. La iniciativa legislativa que ahora culmina su trámite parlamentario responde a la necesidad inicial de adaptar la legislación autonómica a la básica del Estado en la materia de defensa de las personas consumidoras.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que esta iniciativa legislativa del Gobierno parte, precisamente, de la armonización normativa de la aplicación de las actuaciones autonómicas en materia de Consumo a lo establecido en la normativa general, al haberse modificado mediante el Real Decreto-Ley 24/2021 de 2 de noviembre, el título IV de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre la potestad sancionadora.
Así, “en nuestra legislación ganamos en seguridad jurídica y claridad normativa pues se adoptan como infracciones las previstas en la legislación del Estado, pero sin transcribir las mismas, suprimiendo en la ley autonómica aquellas infracciones ya recogidas o que pueden subsumirse dentro de alguno de los tipos infractores previstos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias”, ha explicado.
Igualmente, se mantienen algunas de las infracciones que la propia normativa autonómica considera de necesaria regulación, si bien, instados por los responsables técnicos de Consumo y por los propios Servicios Jurídicos, en algunos casos, se ha modificado su redacción para su mejor comprensión.
De la misma manera, con el objetivo de ser clarificadores y garantistas, desde la Administración regional se ha optado por suprimir aquellos conceptos jurídicos indeterminados que pudieran dar lugar a confusión o ser de difícil consideración o interpretación, siempre, con el objetivo fundamental de garantizar el principio de seguridad jurídica.
El consejero ha querido aprovechar para reconocer la labor de los profesionales de los servicios de Consumo en la Consejería de Sanidad y las delegaciones provinciales; así como a quienes están dedicados e implicados con la protección y defensa de las personas consumidoras en las administraciones locales y en las organizaciones de iniciativa social.
“Hemos evolucionado, favorablemente, durante estos últimos años gracias a la colaboración de la tupida red que conformamos administraciones de ámbito territorial diferente y la sociedad civil”, ha afirmado.
Actualmente, ha destacado Fernández Sanz, “promovemos y colaboramos para que esta red sea fuerte; para que la red de Oficinas de Información al Consumidor (OMIC) mantengan su actividad con subvenciones específicas, y con apoyo específico de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, para reforzar a las administraciones locales en la protección a las personas consumidoras, a su formación y a la defensa de sus derechos, así como a las asociaciones de personas consumidoras y otras de carácter social que están implicadas en este ámbito”.
También, ha resaltado el titular de Sanidad, a la promoción del consumo responsable y de productos locales, de cercanía, agroecológicos y de estación; a la prevención del desperdicio alimentario y la redistribución eficiente de los excedentes alimentarios.
Ene se sentido, ha subrayado marcos de actuación relevantes como el Plan Estratégico de Consumo Responsable y la Estrategia de Desperdicio Alimentario “Sin Desperdicio 2030.
“Nos encontramos comprometidos como Gobierno, con la protección de las personas consumidoras mediante mecanismos eficaces de mediación y, especialmente, a través del arbitraje de consumo y, en concreto, de la actividad de la Junta Arbitral de Consumo autonómica, que destaca por su accesibilidad y digitalización, dando una protección singular a las personas consumidoras y colectivos en situación de vulnerabilidad, en el marco de un consumo accesible e inclusivo contribuyendo a su empoderamiento digital, energético y financiero”, ha concluido Fernández Sanz.