El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo y solidaridad con Ceuta ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma y ha votado favorablemente la aportación estatal de 25 millones de euros destinada a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
La decisión se ha adoptado este jueves durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y en la que han participado la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, y la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín.
El crédito destinado a Ceuta ha contado con el respaldo unánime de las comunidades autónomas participantes. García Torijano ha valorado el tono de la reunión y ha defendido que esta aportación supone un esfuerzo importante por parte del Estado y una actuación necesaria para comenzar a dar respuesta a la situación que atraviesa la ciudad.
La consejera también ha señalado que el Ministerio contempla la posibilidad de ampliar los recursos si las necesidades de Ceuta continúan aumentando.
Castilla-La Mancha pide buscar alternativas
Durante la Conferencia Sectorial, el Gobierno regional también ha puesto sobre la mesa la situación de los sistemas autonómicos de protección a la infancia y, en particular, la realidad de Castilla-La Mancha.
García Torijano ha recordado que la comunidad lleva años asumiendo sus compromisos en materia de protección de la infancia y que las medidas adoptadas tras el Real Decreto Ley del pasado año han supuesto un esfuerzo adicional que ha incrementado la presión sobre el sistema regional.
La consejera ha insistido en que aumentar de forma inmediata la capacidad de acogida de menores no consiste únicamente en disponer de más plazas. También son necesarios profesionales especializados, recursos adecuados y un acompañamiento integral para garantizar la atención de los menores.
Por este motivo, Castilla-La Mancha considera necesario estudiar otras vías que permitan responder a la situación de Ceuta sin continuar incrementando la presión sobre los sistemas de protección de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo regional ha trasladado su disposición a trabajar junto al Ministerio y al resto de administraciones para encontrar soluciones mediante la colaboración y la coordinación.
Los menores, en el centro de la respuesta
La consejera de Bienestar Social ha defendido además que cualquier medida que se adopte debe tener como prioridad el interés superior del menor, especialmente en el caso de aquellos niños y niñas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, García Torijano ha remarcado que el debate migratorio no debe hacer olvidar que se trata de menores cuyos derechos deben ser protegidos por las administraciones.
Entre las posibles vías de actuación se encuentra la reagrupación familiar cuando sea posible y siempre que responda al interés del menor. No obstante, la consejera ha advertido de que cada caso presenta unas circunstancias diferentes y que existen situaciones familiares en las que esta alternativa puede resultar especialmente complicada.
Castilla-La Mancha apuesta así por mantener el diálogo con el Ministerio y por buscar respuestas coordinadas que garanticen la protección de los menores, con especial atención a los perfiles más vulnerables y sin perder de vista las capacidades de los sistemas autonómicos de protección.